La conmemoración del aniversario del asesinato de Olof Palme, acontecido en Estocolmo en febrero de 1986, ofrece la oportunidad de revisar el conjunto de intervenciones y ensayos reunidos en El valor de la solidaridad, volumen publicado por Libros del Innombrable en edición y traducción de Francisco J. Uriz y con prólogo de Felipe González.
Conviene precisar que la labor política de Palme se distinguió por una articulación teórica que vinculaba directamente la equidad económica internacional con el libre ejercicio de la crítica cultural dentro de las sociedades democráticas. En el plano económico, Palme denunció tempranamente el crecimiento desprovisto de contenido social y la inequidad en el reparto de los recursos entre las naciones desarrolladas y los pueblos liberados del yugo colonial.
En el plano de la creación plástica y dramática, su escrito de 1969 «El artista entre mecenas y concejales» —redactado a raíz de las tentativas de injerencia política en el repertorio del Teatro Municipal de Gotemburgo— fijó las bases sobre la no intervención de los poderes públicos en la orientación de las instituciones culturales:
«Una condición para solucionar satisfactoriamente la cuestión del equilibrio en los teatros es, según mi opinión, que las autoridades que conceden las subvenciones, las que tienen el dinero, dejen de intervenir, tanto con directrices como con pretensiones económicas, en la orientación artística del trabajo teatral».
El texto rechazó la utilización de represalias presupuestarias o de la censura de repertorios frente a la crítica social, subrayando que la pretensión de exigir conformismo a las instituciones subvencionadas tergiversa el sentido de la ayuda pública. En palabras del propio Palme:
«Frente a estas exigencias hay que mantener con energía que la política cultural tiene por misión posibilitar la variedad y la renovación, mantener vivo el diálogo en nuestra vida cultural, darles libertad de movimiento a los que responden de la producción cultural».
A continuación reproducimos un fragmento más extenso del citado artículo (incluido en el volumen):
Tanto en las dictaduras del Este como en las del Oeste, las autoridades políticas tienen todavía censores que examinan los manuscritos de las piezas antes de la representación. Eso no ocurre en los países democráticos. Pero el teatro —como otras actividades culturales— es económicamente viable en muy contadas ocasiones. La producción cultural siempre ha estado, en mayor o menor grado, a merced de mecenas particulares, de las autoridades, tanto civiles como religiosas, del Estado. De alguna manera esta producción cultural siempre ha expresado valores políticos, ha reflejado la situación política, económica y social de su tiempo. En la medida en que la ayuda económica se utiliza para dirigir, por ejemplo, la elección del repertorio de un teatro y la forma de presentarlo al público, se obtiene un resultado que desde el punto de vista de los principios no se distingue demasiado de los efectos de la censura directa.
Es, por tanto, una tarea fundamental de la política cultural el intentar crear unas garantías tan firmes como sea posible para el ejercicio de la libertad artística en las instituciones culturales. No es una tarea sencilla, especialmente en una época como la nuestra, una época de violentas discusiones y radicales divergencias de opinión sobre la tarea y orientación de las instituciones culturales. En el caso del teatro será una cuestión de las instituciones culturales. En el caso del teatro será una cuestión de equilibrio entre la directiva nombrada por el Parlamento, la dirección artística y administración del teatro y los diversos grupos de empleados. En líneas generales podemos decir que la directiva no debe meterse en el terreno de la dirección artística, ni en las actividades cotidianas. Es inevitable que surjan, a veces, conflictos y contradicciones. Es evidente que las ideas políticas de los implicados puedan desempeñar un papel en el conflicto —es una consecuencia de que la directiva esté designada políticamente. Y tampoco se puede pretender que los miembros de la compañía vivan en un vacío político. También tienen derecho a tener opiniones. Pero esos problemas tienen que resolverse, en primer lugar, dentro del teatro, bajo la influencia naturalmente, del debate cultural público. En general, debería existir un proceso de autocicatrización que contribuyese a enderezar las posibles distorsiones y a suavizar los conflictos. Una condición para solucionar satisfactoriamente la cuestión del equilibrio en los teatros es, según mi opinión, que las autoridades que conceden las subvenciones, las que tienen el dinero, dejen de intervenir, tanto con directrices como con pretensiones económicas, en la orientación artística del trabajo teatral. Lo mismo se podría decir de otras instituciones culturales.
Para consultar la ficha técnica del libro y los datos correspondientes a esta edición, se halla habilitado el siguiente enlace:
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